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Denuncias penales contra el intendente que invita a los jóvenes a “tomar poquita” cocaína

Lo acusan de incentivar el consumo de drogas a través de una campaña que se realizó el fin de semana durante un festival solidario

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Denuncias penales contra el intendente que invita a los jóvenes a “tomar poquita” cocaína

Este martes ingresaron dos denuncias penales contra el intendente de Morón Lucas Ghi. Una fue formulada por el abogado Fernando Sarabozo y la otra por el diputado de Juntos por el Cambio Waldo Wolff. Ambas apuntan contra el jefe comunal y otros funcionarios de la Dirección de Juventudes, quienes organizaron un festival cultural, recreativo y gastronómico para toda la familia, pero que terminó envuelto en una polémica por la difusión de una campaña con consejos para lo que consideraron el “consumo responsable de drogas”.

Acordate de estos consejos. El porro conseguilo de fuentes confiables. Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquito para que ver cómo reacciona tu cuerpo”, decía uno de los folletos que se entregaban en mano a los presentes en el predio Quinta Seré, en Castelar, a modo de consejos para un consumo responsable.

Según sostiene Sarabozo en el escrito presentado ante el Juzgado Federal 1° a cargo del juez Martín Ramos, “los funcionarios públicos no deben incentivar este tipo de conductas nocivas para la salud, ni naturalizarlas, todo lo contrario, su accionar debe estar dirigido a que se eviten. Es sugestiva esta recomendación a personas que transitan el camino de las drogas y de alguna forma son esclavos de estas adicciones”.

“Acordate de estos consejos. El porro conseguilo de fuentes confiables. Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquito para que ver cómo reacciona tu cuerpo”, decía uno de los folletos
“Acordate de estos consejos. El porro conseguilo de fuentes confiables. Con la cocaína y las pastillas andá de a poco y despacio. Tomá poquito para que ver cómo reacciona tu cuerpo”, decía uno de los folletos

La conducta del intendente Ghi como la de los funcionarios municipales encuadraría en los términos del art. 28 de la Ley 23.737 que reza: “El que públicamente imparta instrucciones acerca de la producción, fabricación, elaboración o uso de estupefacientes, será reprimido con prisión de 2 a 8 años…”, sostiene la denuncia penal.

“Independientemente de la responsabilidad penal que le cabe a quienes diseñaron y ordenaron la distribución de estos volantes, no puede desestimarse la que le cabe a los funcionarios jerárquicos que pasivamente lo toleraron y tuvieron los resortes para impedir esta situación y omitieron ejercer los deberes impuestos por las leyes o reglamentos a su cargo”, añadió Sarabozo.

Por tal motivo, añade la denuncia, resultaría aplicable también la figura prevista en el art. 23 de dicha ley que reza: “Sera reprimido …. el funcionario público dependiente de la autoridad sanitaria con responsabilidad funcional sobre el control de comercialización de estupefacientes, que no ejecutare los deberes impuestos por las leyes o reglamentos a su cargo u omitiere cumplir las órdenes que en consecuencia de aquellos le impartieren sus superiores jerárquicos …”.

Polémica campaña anti drogas en Morón

Por su parte, el diputado nacional de JxC aseguró que “cuando el Estado fomenta el delito es un Estado delincuencial” y recordó que los hechos podrían constituir los delitos previstos y reprimidos también en el artículo 12, inc. a) de la mencionada ley, como así también el artículo 209 del Código Penal.

En su denuncia, Wolff resalta que en distintos medios los funcionarios de la municipalidad de Morón reconocieron la autoría de la campana y no se arrepintieron de su contenido ni de la forma en que se publicitó el consumo de sustancias prohibidas por la ley.

La campaña del intendente Ghi no tiene el propósito de prevenir el consumo de estupefacientes, sino de difundir públicamente su uso. Esa conducta se encuentra expresamente prohibida en el artículo 12″, sostuvo el diputado y recordó que “será reprimido con prosión de 2 a 6 años… el que preconizare o difundiere públicamente el uso de estupefacientes, o indujere otro a consumirlo”.

Asimismo, el legislador recordó que el artículo 209 de CP castiga a quien “públicamente instigare a cometer un delito determinado…”.

Esta mañana, el gobierno porteño también criticó a la provincia de Buenos Aires por la polémica guía que repartieron en el municipio de Morón. El jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel, apuntó contra los sectores que fomentan el consumo de estupefacientes. “El narcotráfico se combate. Mientras en la Ciudad trabajamos para seguir estando al servicio de los ciudadanos, para poder facilitarle la vida a la gente, en otros lugares están enfocados en facilitarle a la gente el acceso a las drogas”, sostuvo.

El festival, denominado “La Minga”, se realiza desde 2001 en MorónEl festival, denominado “La Minga”, se realiza desde 2001 en Morón

En las últimas horas, desde el Municipio se refirieron al contenido difundido y a los mensajes allí incluidos. Aseguraron que la estrategia se enmarcan en el Programa de Reducción de Riesgos y Daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales, que lleva adelante la comuna. Y que dicho programa fue puesto en marcha mediante una ordenanza sancionada por unanimidad en el Concejo Deliberante de Morón en junio de 2021.

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Santiago del Estero: le vendió todos los muebles a su inquilino y se fugó

Una mujer aprovechó el viaje de un hombre que le alquilaba la propiedad, le vendió todos los bienes a precios irrisorios y se escapó a Buenos Aires. Los detalles

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Santiago del Estero: le vendió todos los muebles a su inquilino y se fugó

Una mujer aprovechó la ausencia de su inquilino, quien se encontraba de viaje por razones laborales, e hizo una «feria» con los bienes del hombre, los cuales vendió a precios ínfimos entre los vecinos del barrio Colonia Osvaldo, en la ciudad santiagueña de Añatuya, tras lo cual de fugó y habría emprendido viaje hacia Buenos Aires.

El hombre radicó una denuncia en la sede policial por el supuesto robo de sus bienes desde una propiedad que alquilaba en el citado barrio.

El inquilino relató que se había ausentado por trabajo durante dos semanas y la propietaria del inmueble le informó que personas desconocidas habían ingresado al mismo y lo desvalijaron, pero cuando el personal policial inició la investigación, la situación dio un giro inesperado ya que los efectivos descubrieron indicios de que los bienes habían sido comercializados entre vecinos del mismo barrio.

Los uniformados pudieron recuperar lo vendido gracias a la entrega voluntaria de los vecinos, una cama con colchón, una mesa con sillas, un secarropas, un lavarropas, un ropero y un aparador, mientras que las personas que habían adquiridos las cosas señalaron a la propietaria del inmueble como la responsable de vender los bienes mediante una «feria» y a precios ínfimos.

La fiscal de turno Dra. Andrea Darwich fue informada la situación, dispuso la entrega de los bienes al damnificado y que se investigue sobre el paradero de la mujer propietaria de la vivienda alquilada, quien habría viajado hacia Buenos Aires, según publicó Diario Panorama.

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Murió un hombre al incendiarse su casa en barrio Azcuénaga

Ocurrió en San Luis al 5400, durante la madrugada. Creen que un desperfecto eléctrico desató el siniestro. La víctima era un hombre de 60 años que estaba solo.

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Murió un hombre al incendiarse su casa en barrio Azcuénaga

Un hombre de 60 años murió, este martes a la madrugada, tras incendiarse su casa ubicada en San Luis al 5400, en barrio Azcuénaga.

Según fuentes policiales, el hecho habría ocurrido cerca de las 3 de la mañana, cuando por un supuesto desperfecto eléctrico la vivienda de zona oeste comenzó a prenderse fuego.

Luego de las primeras llamas, y tras el llamado de los vecinos, efectivos del Cuartel Central de Bomberos Zapadores acudieron al lugar y rescataron al único ocupante de la casa. Sin embargo, minutos depués, el hombre muriócomo consecuencia de la inhalación de humo.

La víctima fatal, identificada como Gustavo Gabriel L. de 60 años, se encontraba solo en el momento del incendio.

En el lugar también se presentaron policías de la seccional 14ª y efectivos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de Bomberos Zapadores.

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Endurecerán las penas de los ocho presos que se fugaron a los tiros de Piñero

Es la estrategia de los fiscales que investigan la violenta evasión ocurrida el 27 de junio del año pasado. Este lunes, nueva audiencia con los reclusos recapturados y con quienes hicieron un golpe comando para sacarlos de la unidad penitenciaria

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Endurecerán las penas de los ocho presos que se fugaron a los tiros de Piñero

Los ocho presos que fueron recapturados tras protagonizar la osada fuga del 27 de junio del año pasado en la cárcel de Piñero serán llevados este lunes a una audiencia, donde serán imputados por la portación ilegal de armas de guerra, lo que elevará la pena en expectativa de todos. La idea del fiscal a cargo de la causa, Franco Carbone, es mostrar a todos los internos de que se endurecerán las condenas a quienes hayan huido de una unidad penitenciaria.

Los presos que serán acusados este lunes en el Centro de Justicia Penal son Sergio Martín Cañete, Joel Isaías Rojas, Alejandro Antonio Schmittlein, Ezequiel Rodolfo Romero, Alejandro Andrés Candia, Daniel David Piscione, Martín Alejandro Cartelli y el presunto jefe narco Claudio Javier “Morocho” Mansilla. Será por videoconferencia, justamente para evitar traslados, por el peligro de fuga. 

A esos ocho reclusos se sumarán Elisa Magdalena Álvarez, Rodrigo Leonel Gramajo y Franco Ezequiel Cantero, todos imputados por haber formado parte del grupo comando que irrumpió a los tiros al predio carcelario, cortó tejidos perimetrales y facilitó la evasión. Hubo un cuarto delincuente que participó, que es Walter Soraire, pero murió al recibir disparos de agentes del Servicio Penitenciario.

Los fiscales Franco Carbone y Aurelio Cicerchia acusarán a los once por el mismo delito, ya que se basarán en el violento contexto en el que se desarrolló la fuga.

El objetivo de la estrategia judicial es porque la portación ilegal de arma de guerra tiene una pena mínima de 3 años y 6 meses –es de cumplimiento efectivo–, mientras que la evasión tiene una pena que varía entre un mes y un año.

En los casos de los reclusos Sergio “Mono” Cañete y Joel Isaías Rojas, la situación es más compleja, porque fueron recapturados en Pérez con tres armas en un Civic, una de ellas, de la Policía bonaerense.

Rojas estaba detenido por una imputación por robo calificado. Ahora, por la violencia de la fuga y las armas que portaba al momento de la recaptura, enfrenta una pena en expectativa que, como mínimo, tiene 26 años de prisión, aseguraron fuentes judiciales.

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