El Registro de Contratos de Locación de Inmuebles (RELI) de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzó a regir desde este lunes y ahora los locadores están obligados a inscribir los acuerdos de alquiler de bienes urbanos y rurales, locaciones temporarias y de espacios o superficies fijas o móviles.

Entre los sujetos excluidos, están la administración pública, cuando en los contratos celebrados las partes sean exclusivamente el Estado nacional o los provinciales, el Gobierno porteño, los municipios y sus respectivas reparticiones, entes centralizados y descentralizados.

Los locatarios o arrendatarios no están obligados a registrarse en el RELI, pero podrán informar de forma voluntaria un contrato si el locador no lo hubiera hecho. Eso está previsto en la propia ley de alquileres (27.551) que obliga a registrar todos los contratos de locación.

El RELI contempla la posibilidad de que los intermediarios (corredores, inmobiliarias y escribanos) registren un contrato en representación de sus clientes.

El artículo 16 de la Ley 27.551 dispuso que la AFIP ponga en marcha un régimen de facilidades para el registro de estas operaciones, por lo cual implementó a través de la resolución 4933/2021.

Para registrar tales contratos (o alguna modificación) se debe acceder al sitio web de AFIP con clave fiscal, al servicio “Registro de Locaciones de Inmuebles – RELI – Contribuyente”.

El locador, con clave fiscal de seguridad nivel 3, debe completar una serie de datos mínimos respecto del contrato y adjuntar el contrato celebrado en formato JPG o PDF.

Una vez que se realiza esta operación hay un acuse de recibo de la misma y un código verificador de la registración de contrato. Se deben registrar en el sistema las altas de contrato y las modificaciones que pudiera sufrir este contrato (rescisiones o extinciones anticipadas).

Los contratos pactados a partir del 1 de julio de 2020 y que continúen vigentes, así como aquellos concretados durante marzo de 2021, gozarán de un plazo excepcional para su registración, hasta el 15 de abril próximo, inclusive.

Entre los anuncios más importantes se encuentra el de una «querella criminal» destinada a determinar delitos en el endeudamiento que asumió el país durante el Gobierno de Mauricio Macri, sin la autorización del Congreso.

Al inicio de su mensaje, el mandatario sostuvo que se presenta ante el Congreso nacional con sus «convicciones intactas» y con «la humildad de quien puede reconocer errores y logros compartidos». «También con la certeza de que unidos pudimos dar pasos históricos para mitigar los efectos negativos de la pandemia que aún nos asola», agregó.

En un discurso marcado por la pandemia mundial, Fernández subrayó que «en 2020» Argentina tuvo un «logro inmenso» al evitar «que se saturara el sistema de salud». «Afrontamos el incendio (de la Covid) sabiendo que otros habían terminado con el agua», dijo Fernández.

A continuación, destacó la labor de empresarios, movimientos populares, iglesias, organizaciones sociales, científicos, fuerzas armadas y de seguridad, diplomáticos, universidades, equipos docentes y directivos. «Por favor pongamos de pie y brindemos un sostenido aplauso», pidió el mandatario.

Vacunas VIP

Fernández sostuvo que «aún con mucho dolor» tomó «las decisiones que correspondían» en relación a las anomalías detectadas en el plan de vacunación, y ratificó que en ese proceso «hay prioridades y las reglas se deben cumplir». «Si se cometen errores, la voluntad del Presidente es corregirlos de inmediato», dijo.

Medidas en pandemia

El presidente aseguró que nunca se había lanzado una política de alcance «sanitario, social y económico» como el diseñado para paliar la crisis que generó la pandemia de coronavirus.

Entre otras medidas, mencionó la tarjeta alimentar, el IFE, las disposiciones para evitar despidos o ayudar a empresas a pagar sueldos, así como la entrega de medicamentos gratuitos a jubilados, y otras que impulsaron el diálogo con empresarios y sindicatos para contribuir a las discusiones salariales.

En este sentido, señaló que la pobreza «es una situación grave» que se va «a revertir» y afirmó que las medidas que deseaban permitieron que 2,7 millones de personas «no cayeran en la pobreza».

La deuda

Al respecto, el mandatario destacó que «con firmeza y esfuerzo» su Gobierno ha «logrado la renegociación de la tóxica deuda privada». «Es voluntad terminante e imperiosa que afirmemos el compromiso de no permitir nunca más que se genere un endeudamiento asfixiante a partir de la toma de créditos irresponsables», agregó.

Puntualmente anunció que dio instrucciones para que se inicie una «querella criminal» destinada a determinar delitos en el endeudamiento que asumió el país durante el Gobierno de Mauricio Macri, sin la autorización del Congreso.

«He instruido para que se inicie una querella criminal para determinar quienes fueron los autores de la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia», dijo.

Impuesto a las ganancias

Entre otras cuestiones, el presidente pidió al Congreso que «apure» el tratamiento del proyecto de ley de reducción del impuesto a las ganancias para el salario medio, que permitirá que «más de un millón de argentinos quede liberado de pagar» ese tributo, así como también los jubilados.

Cannabis

Asimismo, anunció que el Gobierno promoverá un proyecto de «utilización del cultivo de cannabis con fines de industrialización para uso medicinal e industrial», al destacar que la industria de ese producto se «triplicó» en el último tiempo. También adelantó que el Estado impulsará una «mejora para fortalecer las compras nacionales de medicamentos».

El Poder Judicial

El presidente consideró que el Poder Judicial de la Nación está en «crisis» y que es el «único poder que parece vivir en los márgenes de la democracia». «La reforma del Poder Judicial en su más amplias dimensiones es una demanda impostergable de la sociedad», sostuvo el mandatario y añadió: «Quisiera que en mis críticas al sistema judicial nadie vea rencor ni voluntad de favorecer a alguien».

El Gobierno reglamentó un artículo de la Ley Nacional de Alquileres que impone la obligatoriedad de dueños y corredores inmobiliarios de registrar todos los contratos ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, bajo pena de sanción.

«Es un nuevo avance de los inquilinos en la lucha por sus derechos. Desde marzo se deben registrar todos los contratos», transmitió con satisfacción Nire Roldán, de la ONG Concejalía Popular y el Frente Nacional de Inquilin@s y Pymes locatarias.

El Poder Ejecutivo nacional reglamentó el artículo 16 de la ley cuya sanción los inquilinos consiguieron el año pasado. Lo bueno de esta medida es que si el locador o la inmobiliaria no realizan dicho registro, lo puede hacer el locatario por su propia voluntad.

«Es importante que se registran los contratos para poder pensar en planificar políticas públicas que den respuestas a millones de inquilinos que hoy sufren la especulación inmobiliaria en un mercado abusivo y en negro. Casi la mitad de las relaciones de alquiler hoy son informales, agudizando la desproteccion de los ciudadanos a un alquiler digno», explicó Roldán.